La Casa Real ha puesto en marcha el operativo para detener su imparable desintegración ante los escándalos acumulados en los últimos meses que afectan a esta Institución. Jueces, medios de comunicación y políticos salen a la palestra estos días lavando la imagen del Rey y de sus consanguíneos, que no de los consortes. Es un contraataque a la desesperada, aunque poderoso, porque el Rey maneja bien todos los resortes del Estado. El más reciente es el del juez José Castro, que dictó ayer un auto imponiendo una fianza civil al marido de la infanta Cristina, Iñaki Urdangarín, duque de Palma y de su socio, Diego Torres, de 8,2 millones de euros. El auto parece contundente, pero lo que realmente (y nunca mejor dicho) consigue entre líneas, es salvar la imagen del Rey. Y también la de la Infanta Cristina de la que, a estas alturas, ya nadie se cree, salvo el juez y el fiscal, que no tiene nada que ver con los negocios de su marido. Por otro lado estamos siendo testigos estos días de una campaña mediática ensalzando la figura de Felipe Borbón y su mujer, la asturiana Leticia Ortiz, que, coincidiendo con la abdicación de la reina holandesa, han llenado la agenda de actos para que los españoles veamos como trabaja el Heredero.
La Casa Real es intocable. Ya lo dijo Franco. Pero habrá que decir, por si nadie lo hace, que Juan Carlos Borbón es el jefe de su familia y conoce a fondo todos los movimientos de los suyos. Al señor José Castro hay que recordarle que no sólo Urdangarín utiliza su tarjeta de visita con el escudo real para hacer negocios. Toda la familia real lo ha hecho y el Rey no es el probín que no se entera, como tampoco lo es la infanta Cristina.
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