Los pobres toserán más

Farmacia33I_redimensionarEn septiembre, el Ministerio de Sanidad excluyó de la financiación pública 417 fármacos. La fijación del precio queda ahora en manos únicamente del mercado, un mercado que, por otro lado, no se regula libremente sino por un sistema de  oligopolio: la gran industria farmacéutica. Productos tan comunes como el Almax, el Codeisán, Flumil o Fortasec han incrementado su precio entre un 30% y un 180%. El resultado es que los pobres tendrán que soportar estoicamente la acidez de estómago, la diarrea  y la tos persistente.

Quizás no sean medicinas esenciales para la salud, pero han formado parte durante años de los botiquines domésticos y han ayudado a aliviar enfermedades y a soportar el malestar. El Estado (es decir los ciudadanos con sus impuestos) subvencionaba estos medicamentos y los popularizaba. Era una “conquista social, un patrimonio de los ciudadanos y lo que hacen ahora es una expropiación del bien común”, dice Dacio Alonso, presidente de la Unión de Consumidores de Asturias.

Publicado en Oviedo Diario

Alonso cree que esta medida es injusta y afecta al principio de equidad al perjudicar a los que menos recursos tienen que, además, suelen ser los más expuestos a las enfermedades, como las personas mayores:  “a la población más vulnerable se le quiere aplicar un gravamen a su enfermedad”.

Para la UCE la responsabilidad de dejar a los usuarios en manos de los “lobbys” de la industria farmacéutica  no solo es de la propia industria que aplica esos precios abusivos, sino también del Ministerio de Sanidad “que ya había avisado de que era algo que podía ocurrir pero no hizo nada para evitarlo o aminorarlo. Falló el compromiso del Estado, que no quiso ver que en la UE ya estaba ocurriendo algo similar y eludió hacer un seguimiento”. Sin embargo Dacio Alonso cree que detrás de esta falta de control de los precios hay cierta connivencia del Gobierno por un interés “en compensar de alguna manera a la industria farmacéutica”.

Y aunque la medida perjudica, no solo al consumidor final sino también a farmacias y a la industria de distribución, lo cierto es que en este sector se muestran más comprensivos con las subidas de precios, aunque reconocen que les va a afectar negativamente en las ventas puesto que se va a retraer la demanda.

Pablo Ramos,  presidente de COFAS, una de las principales empresas asturianas de distribución de medicamentos,  entiende que la existencia de fármacos sin financiación pública que deban costear los usuarios “es una tendencia que ya se da en Europa y los ciudadanos tienen que participar en la financiación de la salud”.

A su juicio al dar libertad de precios a un producto que hasta ahora había estado subvencionado lo normal es que se encarezca y entiende que los incrementos sean tan elevados “porque algunos se vendían por debajo del precio de coste”.  A pesar de las fuertes subidas, explica que así y todo “estamos lejos de los precios de otros países” (aunque la población española también está lejos de los niveles de ocupación laboral y de salarios de la UE). Ramos entiende que determinados medicamentos tienen que ser afrontados por el usuario “al igual que se pagan unas gafas o el dentista”.

Exageración

Los farmacéuticos consultados por Oviedo Diario tienen distintas opiniones, aunque en general creen que se ha “exagerado” la subida “porque pasar a pagar, por ejemplo,  de un euro a dos euros es un 100% más pero no deja de ser algo asumible. Nos encontrábamos con  casos de medicamentos cuyo cartonaje ya costaba más que el propio medicamento” dice un farmacéutico, que recuerda que durante años estos productos sanitarios han experimentado bajadas de precio por lo que ahora “es normal que la industria se quiera recuperar”.

Pero independientemente de que comprendan estas subidas, lo que sí tienen claro es que las ventas han quedado muy tocadas, no solo por estos incrementos sino por las últimas medidas que ha aprobado el Gobierno: copago farmacéutico que desde julio obliga a los pensionistas a pagar parte de sus medicinas; constante revisión de los precios de los fármacos a la baja y el aumento de la prescripción de genéricos, medidas que han provocado una caída en el gasto en recetas. Por todo ello tienen que asumir las quejas de los usuarios “cuando nosotros no tenemos ninguna responsabilidad”.

La medida está afectando a mucolíticos, laxantes, antiinflamatorios y tónicos y ha empezado a notarse este mismo mes, explica un farmacéutico, “por lo que todavía es pronto para saber cuál será el impacto real en las ventas”.

Los que no tienen nada que decir, a pesar de la repercusión pública de esta medida, son los representantes del Colegio de Farmacéuticos de Asturias, que mantienen  silencio y prefieren no dar opiniones ante un problema que está afectando de manera importante al colectivo que representan.

Y aunque tengan menos que decir que los farmacéuticos, los médicos sí consideran importante dar su opinión ya que es un problema que afecta a la salud. A Antonio Matador, secretario general del sindicato médico SIMPA, no le parecen justificadas las subidas y le llaman la atención  “porque son medicamentos de uso frecuente que ayudan a aminorar las sintomatologías”. Esta situación se suma a otras medidas que afectan a los usuarios, como el copago, ante lo que este sindicato se ha opuesto oficialmente.  El Simpa cree que ya es hora de hacer “un estudio serio del sistema sanitario para ver hasta dónde se puede financiar la sanidad y cuál es la parte que hay que pagar por su uso pero lo que no se puede es estar poniendo parches porque estemos en uno o en otro momento económico”.

Matador recuerda que esta no es la primera retirada de la financiación de algunos medicamentos “es la tercera vez que lo hacen” y aunque la medida puede tener un impacto social “no me atrevo a decir que tenga una repercusión en la salud pública porque los medicamentos importantes siempre van a estar subvencionados”

En cinco meses  decenas de medicamentos afectados por la desfinanciación pública han subido de precio. Uno de los más afectados ha sido el Almax,  el popular protector gástrico, o el Motosol, un jarabe  que ha llegado a subir hasta un 180%. Otros son el Fortasec (para la diarrea) el Flumil o el Flutox (catarrales).  Con esta medida Sanidad aspira a ahorrar 440 millones de euros a costa del bolsillo del contribuyente.

Los laboratorios deben notificar el nuevo precio a Sanidad, que puede negociar con la industria farmacéutica si su precio es desorbitado, tarea que no ha hecho -como recuerda  la UCE- el Ministerio de Sanidad. Cuando se anunció la medida ya hubo voces contrarias entre diversos grupos políticos de la oposición y expertos. Pero la ministra Ana Mato negaba la mayor y decía: “si se produce, el ministerio controlará que no haya subidas excesivas”. Hasta la fecha  Sanidad no ha rechazado ninguna de las peticiones de cambio de precio.

Desde Farmaindustria consideran que el impacto de la subida de estos fármacos está amortiguado por la existencia de alternativas terapéuticas, que sí se financian, un argumento que no comparte el presidente de Cofas que explica que se ha retirado la financiación pública de medicamentos por grupos para evitar que para un mismo síntoma un fármaco esté subvencionado y otro no.

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